El colegio católico perseguido por la ley LGTB del PP no pagará la multa y recurrirá

Lunes, 26 Diciembre, 2016 - 14:00

Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda, propietaria del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, ha explicado que su fundación va a recurrir la multa de mil euros que Cristina Cifuentes (del PP), presidenta de la región de Madrid, quiere cobrar a su director por haber escrito una carta a los padres criticando la ideología de género y las leyes regionales de privilegios LGBT.

En declaraciones a la cadena Intereconomía, Corvera afirmó que “vamos a recurrir la sanción primero en el camino administrativo, creemos que es importante por lo que supone de atropello a la libertad de expresión”, ya que “no estamos ante un problema de discriminación del colectivo LGTBI, estamos ante un problema de la negación del derecho a la libertad de expresión, de opinar distinto y de criticar una ley con la que no estamos de acuerdo”, resalta Corvera.

“Es una ley que amordaza a las personas que pensemos de manera distinta, que tengamos una concepción de la sexualidad humana distinta”, ha añadido.

La carta que el gobierno del Partido Popular quiere multar denunciaba el dogmatismo de acusar de discriminación a quien piensa diferente y el despropósito de pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones.

Por señalar eso, la administración quiere multar con mil euros al director del colegio, en lo que constituye una condena por delitos de opinión, teóricamente inexistentes en España, aunque existen precedentes, como la persecución y condena a libreros y editores, el cierre de librerías y periódicos y el secuestro de libros.

Corvera recuerda que la Fiscalía no ha apreciado delito en la carta y que la inspección educativa concluyó que no vulneraba la normativa que rige los conciertos y que las familias del centro afirmaban estar “muy contentas” con la educación que recibían sus hijos.

La recién fundada Plataforma por las Libertades, que agrupa a docenas de asociaciones, ha mostrado su solidaridad con el director del colegio y ha ofrecido su apoyo y recursos jurídicos para recurrir la sanción.

Plataforma por las Libertades difunde un manifiesto que denuncia que las leyes LGTB impiden opinar sobre sexualidad, niegan el derecho a la libertad de quienes no comparten la ideología de género, dificultan las investigaciones que molesten a esta ideología y atentan contra la libertad de educación y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones.