MEMORIA HISTÓRICA Y SU APLICACIÓN EN EL CALLEJERO DE MADRID

07.11.2017

Índice:
1.- Introducción
2.- Una normativa de cambio de nombre de calles en Madrid con graves incumplimientos legales
3.- Irregularidades a nivel de la Ley de Transparencia y otras en la tramitación administrativa de la retirada del nombre de la calle al General Millán Astray en Madrid
4.- Intereses superiores a considerar ante un cambio en el Callejero
5.- Otros casos relevantes en la aplicación de la Memoria Histórica en los Callejeros de España
6.- La Historia como objeto de la litis de un procedimiento contencioso administrativo o el cambio del paradigma judicial
7.- Conclusiones
8.- Resoluciones analizadas

1.- Introducción:
En los últimos años estamos asistiendo a un cambio sistemático de muchas calles de nuestros pueblos y ciudades con los graves perjuicios que ello ocasiona a vecinos y comerciantes.Que le cambien a uno el nombre de su calle supone importantes inconvenientes en términos de correcta identificación de los domicilios y la documentación correspondiente ya sea de carácter privado como público.
La Constitución Española de 1978 estableció el Principio de la seguridad jurídica y sin duda que dicho principio fundamental está relacionado con nuestra propia residencia personal o profesional, sin olvidar la importancia que tiene la debida consideración de la propia voluntad al respecto de los interesados en relación a dichos cambios, como los precitados vecinos y comerciantes, además de los descendientes de los que ponen nombres a las calles así como las asociaciones creadas para la defensa de las mismas o cualquiera que pueda alegar o probar un interés legítimo sobre la materia, pues son los primeros concernidos en el mantenimiento del nombre y en evitar su sustitución.
Es por ello que elaboro este artículo, para poner negro sobre blanco todo mi conocimiento sobre la materia, que no es poco, pues más allá de mi condición de jurista o escritor está la de mi naturaleza como Caballero Legionario y protector junto con otros compañeros de la Calle del General Millán Astray, Fundador de La Legión Española, en todos los lugares donde se está poniendo en jaque, como son, de momento, las Ciudades de Madrid, León, Cartagena y Melilla.
Y es que las normativas municipales al respecto, en particular la de Madrid, como su aplicación están adoleciendo de gravísimas irregularidades administrativas, como veremos a lo largo de este extenso artículo, y como acreditan las reiteradas resoluciones administrativas y judiciales que nos dan pistas importantes para los futuros procesos de retirada de nombres de calles y sobre la necesidad de respetar las garantías procesales establecidas, además de otras Leyes como la del Procedimiento Administrativo e incluso la propia Ley de Amnistía, cuyo alcance a estos efectos me resulta indubitativo.
La costumbre de quitar nombres de las vías públicas no es nada nuevo, ya lo idearon los egipcios o los romanos en sus épocas más convulsas, que lejos de cerrar heridas provocaron conflictos aún más graves; lo que sí es nuevo, en consideración a los últimos siglos de evolución del Derecho y que no se aplicaba entonces, es el sometimiento al Imperio de la Ley y a los principios jurídicos establecidos, que impiden una retirada arbitraria e incluso de estilo iconoclasta contra todo aquello que no sea del gusto del que mande en cada momento.
Afortunadamente, el Derecho ha evolucionado, así como el rigor de los procedimientos garantistas que son de aplicación.
El nombre de una calle no es nada baladí, pertenece a la esfera íntima de la persona, de las familias y de los negocios, de colectivos, de las tradiciones, y cuanto más es su arraigo y antigüedad, más protección jurídica debería tener.
A nadie se le escapa que la localidad, territorio o región donde nacimos forma parte de nuestro más hondo interior, de nuestros derechos y también de nuestras obligaciones; nacemos donde nacemos, tenemos los padres que tenemos, vivimos en una calle que tiene un nombre distintivo, y compartimos amistad con nuestros vecinos, y eso genera arraigo, seguridad y sobre todo amor hacia lo que representan.
Amamos lo que nos rodea, lo que nos vio nacer y vivir. Nuestras experiencias más vitales van unidas a una calle, a un domicilio, que se representa en nuestros documentos identificativos como proyección de los sentimientos y anhelos de nuestra alma porque van íntimamente unidas a nosotros, como podría ser nuestro nombre, o el de nuestros progenitores, o nuestro DNI, por poner unos simples ejemplos fácilmente comprensibles.
Por eso cuando nos arrancan el nombre de una calle donde hemos vivido y trabajado durante décadas nos podemos y debemos sentir heridos además de perjudicados. Somos de una Calle. De un Barrio. De una Ciudad. De una Nación. Somos de unos recuerdos que van anudados al espacio geográfico donde nos desarrollamos, tanto el más cercano, como el más amplio, y si pretenden cambiárnoslos, el Derecho nos facilita unos instrumentos de defensa que estamos facultados a utilizar.

2.- Una normativa de cambio de nombre de calles en Madrid con graves incumplimientos legales:
El 28 de marzo de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de febrero de 2017, por el que se aprueba la modificación parcial de la Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y edificios.
La modificación consiste en la adición de una Disposición Adicional Única a la citada Ordenanza, en la que se contiene el procedimiento para la asignación y modificación de nombre a vías, espacios urbanos, edificios y monumentos de titularidad municipal, en aplicación de lo establecido en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
De acuerdo con esta disposición adicional, el procedimiento se inicia por la Tercera Tenencia de Alcaldía, a propuesta del Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid. La Tenencia da cuenta al Pleno de la propuesta, y traslado del expediente a los concejales presidentes de las Juntas de Distrito afectadas, así como al Área de Gobierno al que esté adscrito el edificio o monumento, para que en el plazo de quince días formulen observaciones. Estas observaciones se trasladan al citado Comisionado, para que informe sobre las mismas. Por último, la Tenencia remite el expediente al Pleno, que podrá acordar la correspondiente iniciativa para cambiar la denominación de las vías. Adoptado, en su caso, el acuerdo del pleno, la Tenencia lo remitirá a la Junta de Gobierno.
Esta regulación ha de contemplarse en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza, que regula el procedimiento para la asignación y modificación de nombre a vías y espacios urbanos. De acuerdo con este artículo, y en concreto con su apartado 4, la Junta de Gobierno es la competente para la modificación del nombre de la calle.
Ante una reclamación (Nº Expediente: 17004868) ante el Defensor del Pueblo interpuesta por una Asociación de Veteranos Legionarios contraria a la retirada de la calle del Fundador de La Legión en la capital de España el mencionado Defensor del Pueblo concluye el 13 de julio de 2017 lo siguiente: “queremos dejar claro un hecho esencial en el tema que nos ocupa: la ausencia de participación de los interesados a lo largo de la tramitación del procedimiento. Al menos en la regulación municipal. No obstante, como los preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son básicos, forzosamente ha de existir un trámite de participación de los interesados (residentes en la vía afectada, propietarios, persona cuyo nombre se usa o herederos, etc. Qué duda cabe que entre los interesados se encuentra esa Asociación autora de la queja), a quienes se ha de dar traslado de la propuesta del Comisionado (de la Memoria Histórica) para que formulen las alegaciones que a su derecho convenga.
Por lo tanto, en opinión del Defensor del Pueblo dicha normativa municipal de retirada de nombres de las calles en Madrid en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica no cumple la precitada Ley de Procedimiento AdministrativoComún de las Administraciones Públicas, porque no contempla la participación de los interesados en los procedimientos por la vía de poder realizar alegaciones a la propuesta del Comisionado.
Es muy importante resaltar este aspecto, pues que una alta institución como es el Defensor del Pueblo haya determinado esta grave fractura legal, podría poner en evidencia la puesta en práctica de la retirada de muchos nombres en calles de ciudades y pueblos de nuestro país.

3.- Irregularidades a nivel de la Ley de Transparencia y otras en la tramitación administrativa de la retirada del nombre de la calle al General Millán Astray en Madrid: a lo largo del procedimiento de retirada de las calles se interpuso una denuncia ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno contra el Ayuntamiento de Madrid porque éste no suministraba a los interesados copia de los expedientes administrativos.
El resultado de dicha denuncia no puede ser más relevador pues el mencionado Consejo evidencia la falta de transparencia en el proceso de retirada de los nombres de las calles al no dar traslado el Ayuntamiento de Madrid a los interesados de la documentación correspondiente, como son las actas, informes, el acta de acusación, etc… que fundamentan dicha retirada.
Efectivamente, en la resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,  identificada con el número RT/0042/2017,se resolvió el 28 de abril de 2017 lo siguiente:
• La información sobre las reuniones celebradas desde la fecha de constitución del Comisionado de la Memoria Histórica comprensiva de la especificación de la hora y el lugar, los miembros de la Comisión que se han desplazado hasta Madrid, la duración de las reuniones, el sentido de los votos emitidos y las grabaciones de las sesiones, en caso de que existan, constituyen información pública y procede declarar el derecho del ahora reclamante a que le sea facilitada esta información.
• En cuanto a la información relativa a las dietas devengadas y cobradas por los miembros del Comisionado de la Memoria Histórica, tomando en consideración que entre las finalidades de la Ley de Transparencia figura la de conocer cómo se manejan los fondos públicos por parte de los ciudadanos, que el devengo de dietas de un órgano colegiado de las administraciones públicas como es dicho Comisionado se trata de información pública que obra en poder de un sujeto vinculado a la dicha Ley y ha sido elaborada en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, procede, asimismo, declarar el derecho del ahora reclamante acceder a la información solicitada.
• En cuanto a los informes o dictámenes que originariamente han servido para proponer retirar la calle al General Millán Astray, parece razonable considerar que en la elaboración del Informe general se han elaborado trabajos sectoriales o parciales sobre los nombres de las calles en los que habrán de haberse expuesto las circunstancias fácticas e históricas que sirven de base para incluir o no una calle en dicho Informe general. De acuerdo con esta premisa, y teniendo en cuenta que la finalidad de la Ley de Transparencia consiste en someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones públicas y, finalmente, conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas, parece razonable considerar que esos informes o trabajos preliminares sectoriales y parciales que han servido para formar el Informe presentado, se trata de “información pública” a los efectos de dicha Ley, que obra en poder de un sujeto vinculado a la misma y que se ha elaborado en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Por ello, procede estimar la reclamación en este punto concreto.
A raíz de esta reclamación, el Ayuntamiento de Madrid procedió a poner a disposición de los interesados los documentos solicitados, pero una vez que ya se había consumado en vía administrativa todo el procedimiento de retirada del nombre de la calle con lo que la indefensión causada es evidente.
Por otro lado, la normativa del Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madridfue aprobada en el Pleno municipal de Madrid de fecha 27 de abril de 2016 y en su artículo 3.2 se establece que, en lo no previsto en dicho Acuerdo, será de aplicación lo dispuesto en la normativa básica en materia de régimen jurídico del sector público. Por eso no se puede justificar que el precitado Comisionado no admita a trámite las recusaciones contra sus miembros, cuando esto es un derecho elemental del procedimiento administrativo común.
Igualmente, con Ley de Amnistía de 1977 los españoles decidimos cerrar página de una forma pacífica con la tragedia y las heridas del pasado de una cruel Guerra Civil y decidimos despenalizar cualquier delito, opinión o acción en general relacionada con dicho enfrentamiento fratricidaque pudiera ser controvertida con respecto a un nuevo futuro que deseábamos restablecer con paz y armonía entre los españoles.
Por eso no se puede entender que ahora, pasados ochenta años, apliquemos medidas sancionadoras contra la memoria de determinadas personas cuando precisamente existe una Ley que impide sancionar penal o administrativamente cualquier comportamiento en un ámbito temporal muy definido.
Por eso no se puede dejar de valorar esta Ley como una norma jurídica que tiene plena eficacia en el caso actual de retirada de los nombres de las calles en el marco de la Memoria Histórica.

4.- Intereses superiores a considerar ante un cambio en el Callejero: obligados a acudir a la vía contencioso-administrativa, un Juzgado de Madrid ha dictado un auto de medida cautelar por la que paraliza la retirada del nombre del Fundador de La Legiónde la Capital de España en atención al mayor valor jurídico de los intereses de los particulares que los intereses municipales en dicho cambio.
Es sin duda un gran acierto el poner sobre la balanza y valorar en su justa medida los perjuicios que causarían a los vecinos un cambio de la calle mientras se sustancia judicialmente el asunto.
Así relata esta situación en el Fundamento de Derecho Cuarto el auto 208/2017 de medidas cautelares del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Madrid de fecha 1 de agosto de 2017: “Pues bien en el presente caso hemos de tener en cuenta que una ponderación de los intereses en conflicto nos ha de llevar, a la luz de las alegaciones manifestadas por las partes, a acordar la adopción de la medida cautela pretendida por la actora, toda vez que, por un lado, no atisbamos a apreciar como suspender el cambio de denominación de un calle que data del año 1969 puede llegar a provocar, tal y como sostiene la representación letrada del Ayuntamiento de Madrid, una grave disfunción en la organización del Ayuntamiento, que limitaría seriamente su prestación de servicios; y, por otro, en relación con los intereses particulares afectados por el cambio de denominación, sí que contemplamos que los mismos pueden quedar seria e intensamente perjudicados, toda vez que la denegación de la suspensión solicitada implicaría hacer efectivo el cambio de denominación de la calle, de manera que una eventual sentencia estimatoria del presente recurso conllevaría volver a la denominación primitiva, ocasionado unos evidentes perjuicios a los vecinos, comerciantes, ciudadanos e incluso Administraciones Publicas, que verían como, en un breve lapso temporal, la calle que aquí nos ocupa, cambiaria de denominación en dos ocasiones, originándose un estado de confusión que hemos de evitar, atendidos los intereses particulares a tutelar, máxime, cuando, hemos razonado, que los intereses públicos y generales a preservar no se revelan significativos y de entidad superior a los particulares en aras a mantener la ejecutividad de lo acordado por el Ayuntamiento de Madrid”.
Es difícil encontrar una resolución de paralización del cambio de nombre de una calle con una lógica tan aplastante como esta.

5.- Otros casos relevantes en la aplicación de la Memoria Histórica en los Callejeros de España:En Alicante un Juez de lo contencioso-administrativo ha ordenado el restablecimiento de todos los nombres de las calles pues el Ayuntamiento de dicha ciudad no ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva procediendo a retirar las placas sin esperar a la resolución judicial sobre la suspensión cautelar solicitada por la demandante.
Efectivamente, el auto de adopción de medidas cautelares número 10/2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Alicante establece que “es evidente que la Administración, al haber comenzado a ejecutar el acto administrativo pese a tener conocimiento de la pendencia de la tramitación de una medida cautelar, hurtó tal competencia al órgano judicial,- en los términos empleados por el Tribunal Supremo-, sin que quepa por tanto invocar una carencia sobrevenida del objeto de la presente pieza, máxime teniendo en cuenta que hallándose en curso la ejecución de dicho acto, sus efectos aún no se han agotado”.
Por otro lado, en Soria ya hay resoluciones que evidencian la falta de legitimidad de un abogado que se dedica sistemáticamente por todas las ciudades españolas a iniciar procedimientos judiciales en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Evidentemente hace falta ser vecino de la calle, o comerciante, o tener un interés asociativo o familiar o de valor jurídico, y qué menos que vivir en la ciudad cuyas calles pretendes cambiar,para emprender este tipo de iniciativas, ante cuya ausencia lo que procede en la desestimación de las pretensiones, tal y como ha quedado confirmado con la sentencia de apelación de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Castilla León (número 127/2017, rollo de apelación 66/2017 de fecha 19 de junio de 2017).
Queda descartada por lo tanto la posibilidad de una acción pública para que cualquiera pueda promover la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica según esta sentencia de apelación.

6.- La Historia como objeto de la litis de un procedimiento contencioso administrativo o el cambio del paradigma judicial: tradicionalmente el Derecho ha intentado crear de forma sistemática supuestos de hecho estándares, para desde su normalización proceder a establecer una consecuencia por un acto determinado prefijado.
La cuestión, que es esencial, es que pareciese que, desde la Ley de la Memoria Histórica, los Tribunales de Justicia se van a convertir además en Tribunales de la Historia, pues van a ser puestos en la disyuntiva de valorar el papel histórico de personajes muy relevantes de nuestro Pasado.
Es, sin duda, un cambio de paradigma judicial lo que subyace en este momento, y entiendo que bastante desafortunado, pues la Historia es una Ciencia, pero no exacta, pues permite variadas interpretaciones bajo múltiples Escuelas que se han ido desarrollando durante largos siglos. Prueba de la tensión en que puede caer la Justicia y por lo tanto su credibilidad y debida seriedad está por ejemplo en el Informe de la Fiscalía provincial de Madrid de fecha 8 de julio de 2017 que usando como fuente a Wikipedia (sic) llega a concluir que el General Millán Atray podría ser objeto de un procedimiento de memoria histórica, lo que nos lleva al absurdo de que la radiografía histórica que pueda hacer dicha página web de cada uno de nosotros se puede convertir en una prueba de cargo contra cualquier persona.
Basta con que haya un hacker que manipule nuestros perfiles en Wikipedia para que podamos ser objeto de acción penal por unos hechos descritos en una web sin ningún rigor histórico y que obviamente no hemos cometido.

7.- Conclusiones: hay que poner un punto de serenidad y de lógica en toda esta deriva de la Memoria Histórica porque esta Ley se está centrando en determinados personajes con carácter selectivo pero si se aplicara con generalidad veríamos que afectaría a sectores más amplios de la Sociedad, incluidos los vinculados al mundo judicial, y además no cesaría jamás esa escalada de reproche en base a posturas ideologizadas y que hacen de esta materia en ocasiones una cuestión política con un fin meramente electoralista o una manera de obtención de importantes subvenciones públicas nacionales o internacionales.
Si lo que se pretende es generar controversia infinita en campos de nuestra historia más trágica es evidente que se ha abierto la caja de pandora porque sin duda sectores de la sociedad que hasta ahora se han mantenido silentes podrían dar el paso a exponer sus legítimas razones históricas con lo que al final además del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, habría que crear en España una“Corte Especial de la Historia”con su correspondiente Jurisprudencia en su más estricto sentido histórico, lo cual sería una fatalidad para nosotros como Nación porque viviríamos atados a un pasado que nunca pasa, una especie de día de la marmota que repetiría día tras día sin solución de continuidad unos hechos tan trágicos que a nadie en su sano juicio y que obre de buena fe le interesaría remover más allá del mero estudio historiográfico por los expertos y su difusión para los interesados en esa materia.
Me quedo para acabar con las sabias palabras de un joven director de cine español cuando contestó a una inquisitiva pregunta sobre esta materia de una abogada de la Memoria Histórica con el lógico y justo razonamiento de que no podemos obligar a los más jóvenes a vivir sometidos a los condicionamientos del pasado.
Dejemos el Derecho a los juristas y la Historia a los historiadores.

8.- Resoluciones analizadas:
- Resolución del Defensor del Pueblo de fecha 13 de julio de 2017 ante una queja de la Asociación Plataforma Millán Astray contra el Ayuntamiento de Madrid (Expediente 17004868)
- Resolución del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno de fecha 28 de abril de 2017 ante una queja de la Asociación Plataforma Millán Astray contra el Ayuntamiento de Madrid (Expediente RT/0042/201)
- Auto de adopción de medidas cautelares número 10/2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Alicante de fecha 12 de enero de 2017
- Sentencia de apelación de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Castilla León (número 127/2017, rollo de apelación 66/2017 de fecha 19 de junio de 2017).
- Auto 208/2017 de medidas cautelares del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Madrid de fecha 1 de agosto de 2017
- Informe de la Fiscalía provincial de Madrid de fecha 8 de julio de 2017